La ley de transparencia salarial ya está en vigor en España. Desde el 19 de noviembre de 2026, las empresas deben publicar el salario en sus ofertas de empleo. No pueden preguntar a los candidatos cuánto cobraban y tienen que explicar con criterios objetivos cómo fijan los sueldos. Además, deben responder por escrito a cualquier trabajador que pida conocer las retribuciones medias de su puesto, desglosadas por sexo.
No es una ley en sentido formal, sino el Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre, publicado en el BOE el 18 de noviembre. Transpone la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva, cuyo plazo vencía el 7 de junio de 2026. También completa la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. Para la empresa, el cambio de fondo es que la política retributiva deja de ser una cuestión interna: tendrá que poder explicarla y justificarla ante la plantilla, ante la representación legal de los trabajadores y ante la Administración.
Qué se ha aprobado y desde cuándo se aplica
El real decreto-ley modifica cuatro normas:
- el Estatuto de los Trabajadores, sobre todo su artículo 28 sobre igualdad de remuneración;
- el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, que concentra la mayor parte de las nuevas obligaciones;
- la Ley 3/2023, de Empleo, que incorpora la transparencia antes de contratar;
- la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), con nuevas infracciones.
Entra en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, el 19 de noviembre de 2026. Algunas obligaciones tienen un calendario propio, que explicamos más abajo.
Como todo real decreto-ley, el artículo 86 de la Constitución exige que el Congreso lo convalide en un plazo de 30 días. Con las elecciones generales del 29 de noviembre, previsiblemente le corresponderá a la Diputación Permanente. Mientras no haya convalidación, la norma está vigente y es exigible.
Transparencia antes de contratar: ofertas de empleo y entrevistas
El nuevo artículo 5.g) de la Ley de Empleo introduce el principio de transparencia retributiva previa al empleo. En la práctica:
- Toda oferta de empleo debe indicar la retribución inicial del puesto, fijada con criterios objetivos y neutros respecto al género, y el convenio colectivo aplicable.
- No se puede preguntar a los candidatos por su historial retributivo, ni en su empleo actual ni en los anteriores. La prohibición alcanza también a las empresas de selección y a cualquier intermediario.
- Los anuncios y las denominaciones de los puestos deben ser neutros respecto al género y accesibles para personas con discapacidad.
- Los procesos automatizados o basados en algoritmos deben garantizar igualmente la igualdad de trato y la no discriminación.
No informar a los candidatos de lo que exige la norma es una infracción grave. Pedir datos prohibidos durante la selección pasa a ser una infracción muy grave del artículo 16.1.c) de la LISOS.
En nuestra interpretación, la obligación se aplica a cualquier oferta para un puesto en España, aunque la publique la matriz, un portal internacional o una empresa de selección. La pregunta «¿cuánto cobras ahora?» debe desaparecer de los guiones de entrevista y de los formularios de candidatura.
Criterios retributivos y derecho de información de la plantilla
Criterios para fijar salarios y progresión
Todas las empresas, sea cual sea su tamaño, deben poner a disposición de la plantilla y de su representación legal los criterios que usan para determinar la retribución y los niveles retributivos de cada puesto. Las empresas de 50 o más trabajadores deben explicar además los criterios de progresión retributiva. Así lo establece el nuevo artículo 3.4 del Real Decreto 902/2020.
Si los criterios están en el convenio colectivo, basta con remitir a los artículos concretos. Las mejoras voluntarias, como bonus, complementos ad personam o pluses de mercado, son las que crean más riesgo. Para ellas la empresa debe explicar directamente qué criterios ha utilizado. La información debe actualizarse cada vez que cambien los criterios.
Derecho individual de información
Cualquier trabajador puede pedir por escrito información sobre su propia retribución. También puede pedir las retribuciones medias, anuales y por hora y desglosadas por sexo, de quienes hacen su mismo trabajo o uno de igual valor, con el salario base y cada complemento por separado. Lo regula el nuevo artículo 10 del Real Decreto 902/2020:
- puede pedirlo una vez al año, o cuando haya cambios que lo justifiquen, directamente, a través de la representación legal o a través del Instituto de las Mujeres;
- la empresa tiene dos meses para responder y quince días para contestar a las peticiones de aclaración;
- la empresa debe informar a toda la plantilla de este derecho al menos una vez al año;
- los antiguos empleados también pueden ejercerlo durante el año siguiente a su cese.
Fin del secreto salarial
El nuevo artículo 28.4 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a comunicar la propia retribución y declara nulas las cláusulas que lo impidan. Los contratos, cartas de oferta y políticas internas que impongan confidencialidad sobre el salario propio deben revisarse.
Registro retributivo: más detalle y más alcance
El registro retributivo ya era obligatorio para todas las empresas. Ahora es más exigente:
- debe incluir a toda la plantilla, también al personal directivo y a los altos cargos;
- debe reflejar la media y la mediana, en cómputo anual y por hora de trabajo, de cada concepto retributivo y para cada grupo, categoría, nivel o puesto;
- antes de elaborarlo o modificarlo, la empresa debe consultar a la representación legal con al menos diez días de antelación;
- el registro y los datos que lo soportan deben conservarse cuatro años.
El cambio más relevante está en la justificación de diferencias. Hasta ahora, solo las empresas de 50 o más trabajadores debían justificar en el registro una diferencia media entre sexos del 25 % o más. Con el nuevo artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores, en las empresas de 100 o más trabajadores el umbral baja al 5 %. Muchas empresas que hasta ahora no tenían que justificar nada tendrán que hacerlo.
El incumplimiento de las obligaciones del registro retributivo pasa a ser una infracción grave específica (nuevo artículo 7.15 de la LISOS).
Informe de brecha retributiva y obligación de corregir
Las empresas de 50 o más trabajadores deben enviar a la nueva Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva un informe con varios indicadores: brecha media y mediana, brecha en complementos, proporción de hombres y mujeres que los perciben, distribución por cuartiles y brecha por categorías o puestos de igual valor. Antes de enviarlo deben consultar a la representación legal.
| Plantilla | Periodicidad | Primer informe |
|---|---|---|
| 250 o más | Anual | Antes del 8 de junio de 2027 |
| 150 a 249 | Cada tres años | Antes del 8 de junio de 2027 |
| 50 a 149 | Cada tres años | Antes del 8 de junio de 2031 |
Si el informe muestra diferencias que no se justifican con criterios objetivos y neutros, la empresa debe corregirlas en un plazo máximo de seis meses, en colaboración con la representación legal y mediante el plan de actuación de la auditoría retributiva. Ese mismo plazo de seis meses se aplica ahora a las desigualdades que detecte la auditoría retributiva incluida en el plan de igualdad.
Las auditorías de los planes de igualdad vigentes siguen siendo válidas. Deberán adaptarse a las nuevas reglas cuando termine el plan o cuando toque revisarlo.
Riesgos para la empresa: sanciones, reclamaciones y contratos públicos
El real decreto-ley refuerza la exigibilidad por varias vías:
- Sanciones administrativas. Incumplir las obligaciones del plan de igualdad, del registro retributivo o del informe a la Comisión son infracciones graves. Las represalias contra un trabajador que reclama sus derechos son una infracción muy grave (nuevo artículo 8.12 bis de la LISOS).
- Garantía de indemnidad. El artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores declara nula cualquier decisión que perjudique al trabajador por haber reclamado, dentro o fuera de la empresa. Si la empresa despide a un trabajador poco después de que pida información retributiva y no puede acreditar una causa ajena a esa petición, el despido tiene un riesgo alto de ser declarado nulo.
- Más plazo para reclamar. Las acciones por discriminación retributiva prescriben a los tres años desde que cesa la situación discriminatoria, y no al año (nuevo artículo 59.3 del Estatuto de los Trabajadores).
- Contratación pública. Los adjudicatarios de contratos públicos deberán cumplir estas obligaciones durante la ejecución del contrato. Un incumplimiento grave puede ser causa de resolución, y la representación legal de los trabajadores puede pedir que se inicie el procedimiento.
Empresas extranjeras y grupos internacionales
La directiva se aplica en toda la Unión, pero cada Estado la transpone con sus propias reglas. España ha incorporado reglas propias, como la obligación de justificar en el registro una diferencia del 5 % en empresas de 100 o más trabajadores. Para un grupo multinacional, esto tiene varias consecuencias:
- Las bandas salariales globales deben poder explicarse en España con criterios objetivos. Si el salario de un empleado español se fija desde la matriz, la filial tiene que poder justificarlo.
- Las plataformas globales de selección tienen que adaptarse para mostrar el salario de entrada y el convenio aplicable en las ofertas para España, y eliminar el campo de salario anterior.
- Los empleados contratados a través de un EOR también entran en el registro y tienen derecho a información. Conviene revisar con el proveedor quién asume cada obligación.
- Los datos tienen que salir de la nómina española: un informe de brecha calculado a nivel de grupo no basta.
Otras novedades del mismo real decreto-ley
El texto completa además la transposición de la Directiva 2019/1152, que en parte ya había incorporado el Real Decreto 723/2026. Entre otros cambios, extiende a todos los contratos, cualquiera que sea su duración, el deber de informar de sus elementos esenciales. También limita el periodo de prueba en los contratos temporales y crea el derecho a solicitar una forma de empleo más estable (nuevo artículo 21 bis del Estatuto de los Trabajadores). Hemos analizado ese bloque en nuestro artículo sobre el RD 723/2026 y el contrato de trabajo.
Plan de acción para las próximas semanas
- Revisar las ofertas de empleo abiertas y las plantillas de anuncios: salario inicial, convenio aplicable y lenguaje neutro.
- Eliminar la pregunta sobre el salario anterior de entrevistas, formularios y encargos a empresas de selección.
- Documentar los criterios retributivos, sobre todo los de las mejoras voluntarias y los bonus, y, en empresas de 50 o más trabajadores, los de progresión.
- Preparar un procedimiento de respuesta a las solicitudes de información, con plazos, responsables y modelo de respuesta.
- Actualizar el registro retributivo con medianas, cómputo por hora y personal directivo, y calcular si se supera el 5 % o el 25 %.
- Revisar las cláusulas de confidencialidad salarial en contratos y políticas.
- Calcular ya la brecha con los datos de 2026 si la empresa tiene 150 o más trabajadores: el informe de junio de 2027 se basará en ellos.
Conviene abordarlo como una revisión preventiva, igual que una due diligence laboral: lo que no pueda justificarse debe corregirse antes de que llegue a una reclamación.
En Suárez de Vivero asesoramos a empresas nacionales e internacionales en la adaptación de su política retributiva a la nueva normativa de transparencia: criterios, registro, respuesta a solicitudes de información y negociación con la representación legal. Lo hacemos siempre desde la perspectiva de la empresa, con nuestro equipo de discriminación e igualdad laboral y de payroll y administración laboral.
Preguntas frecuentes sobre la ley de transparencia salarial
¿Desde cuándo es obligatoria la transparencia salarial en España?
Desde el 19 de noviembre de 2026, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 39/2026. El informe de brecha retributiva tiene un calendario propio: junio de 2027 para empresas de 150 o más trabajadores y junio de 2031 para las de 50 a 149.
¿Hay que publicar el salario en las ofertas de empleo?
Sí. La oferta debe indicar la retribución inicial del puesto y el convenio colectivo aplicable.
¿Se puede preguntar a un candidato cuánto cobra en su empleo actual?
No. Está prohibido preguntar por el historial retributivo, tanto a la empresa como a los intermediarios. Pedir datos prohibidos en un proceso de selección es una infracción muy grave.
¿Puede un trabajador saber cuánto cobran sus compañeros?
Puede conocer las retribuciones medias, desglosadas por sexo, de quienes hacen su mismo trabajo o uno de igual valor. No tiene derecho a conocer salarios individuales. La empresa tiene dos meses para responder.
¿Afecta a las pequeñas empresas?
Sí, en buena parte. La transparencia en las ofertas, el registro retributivo, la explicación de los criterios retributivos y el derecho de información se aplican a todas las empresas. Los criterios de progresión y el informe de brecha solo se exigen a partir de 50 trabajadores.