Una tecnología que ya está en toda relación laboral
La Inteligencia Artificial ha irrumpido con fuerza en todos los ámbitos de la vida: doméstico, económico, militar y, por supuesto, laboral. Su vocación de universalidad y su facilidad de acceso explican que cada vez más empresas y personas trabajadoras la utilicen para llevar a cabo tareas vinculadas con la relación de trabajo.
Detrás de este fenómeno no solo está el afán legítimo de ganar productividad. También pesa el temor a quedar fuera de la nueva dinámica empresarial que empieza a dibujarse con la IA y las tecnologías asociadas a ella. Ese doble impulso explica por qué, hoy por hoy, empresas y personas trabajadoras recurren a estas herramientas con relativa naturalidad, incluso mientras la regulación que las enmarca sigue siendo incipiente.
El marco normativo actual: primerizo pero ya existente
Por el momento, el uso de la IA en el ámbito laboral se apoya en una regulación europea y española que, sin ser compleja, ya marca límites relevantes:
- El Reglamento europeo (UE) 2024/1689, que como principal novedad clasifica los sistemas de IA en función del riesgo que representan.
- El artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce a la representación legal de la plantilla el derecho a ser informada sobre los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la relación laboral.
- El RGPD y la LOPDGDD, en lo relativo a las decisiones basadas exclusivamente en tratamientos automatizados que produzcan efectos jurídicos sobre la persona trabajadora.
A este marco se suma, de forma más tangencial, el artículo 23 de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Sin embargo, el conjunto normativo disponible sigue siendo primerizo para regular una tecnología que buena parte del público aún no comprende del todo, lo que lleva a muchas voces del sector a calificarlo de insuficiente.
Plan IA360: la hoja de ruta anunciada por el Gobierno
En este contexto de incertidumbre normativa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó el 21 de septiembre de 2026, en un acto celebrado en el Complejo de la Moncloa, el Plan IA360, un marco estratégico concebido como guía para el despliegue responsable de la Inteligencia Artificial en España durante los próximos doce meses.
El Gobierno justificó la iniciativa señalando que la autorregulación de la IA no es suficiente y advirtiendo de los riesgos de una tecnología desregulada y concentrada en pocas compañías: desigualdad, impacto en el empleo y nuevos riesgos de ciberseguridad.
El Plan IA360 se articula en cuatro grandes ejes:
- El refuerzo del músculo tecnológico del país y la implantación de nuevas infraestructuras.
- La adopción social de la IA como motor económico y semillero de talento.
- La construcción de un marco de gobernanza de la IA.
- El impulso de un nuevo «contrato social» para la Inteligencia Artificial.
El «contrato social» para la IA: la parte que más interesa al Derecho Laboral
De los cuatro ejes anunciados, el que tiene mayor trascendencia para el Derecho del Trabajo es, sin duda, el del contrato social. El Gobierno ha anunciado que, durante el próximo mes, iniciará contactos con los agentes sociales —patronal y sindicatos— así como con formaciones políticas e instituciones de la sociedad civil.
El objetivo declarado es alcanzar un gran acuerdo de país que amortigüe la transición que está atravesando el mundo del trabajo como consecuencia de la implantación de la Inteligencia Artificial.
Se trata, todavía, de una hoja de ruta con acciones a desarrollar en los próximos doce meses y no de un paquete legislativo cerrado. No obstante, el anuncio marca la intención del Ejecutivo de dotar de mayor concreción a un ámbito que, hasta ahora, se ha regulado de forma fragmentaria.
Impacto práctico para las empresas
Mientras el marco normativo se desarrolla, las empresas que ya utilizan sistemas de Inteligencia Artificial en la gestión de personas, selección, asignación de tareas, evaluación del desempeño, retribución variable o apoyo a decisiones de promoción o extinción, deben tener presente que ya operan bajo obligaciones concretas.
Entre ellas, la clasificación de riesgo de cada sistema conforme al Reglamento (UE) 2024/1689, el deber de informar a la representación legal de la plantilla sobre los parámetros y reglas de los algoritmos empleados, y las garantías del RGPD frente a decisiones automatizadas con efectos jurídicos sobre la persona trabajadora.
La previsible evolución normativa que traerá el Plan IA360 no sustituye estas obligaciones ya vigentes; se sumará a ellas. Por eso conviene que las empresas mantengan actualizado el inventario de las herramientas de IA que utilizan y sigan de cerca el desarrollo del contrato social anunciado por el Gobierno.
Impacto para Recursos Humanos
Para los departamentos de Recursos Humanos, el Plan IA360 confirma una tendencia que ya se venía observando: la Inteligencia Artificial dejará de ser un terreno de regulación fragmentaria para convertirse, previsiblemente, en objeto de un marco más articulado y negociado con los agentes sociales.
Esto implica que RRHH deberá participar, directa o indirectamente, en el debate sobre cómo se documentan, explican y limitan los sistemas de IA que afectan a las condiciones de trabajo, y mantener una coordinación estrecha con los equipos jurídicos y de protección de datos de la empresa.
Qué deben vigilar las empresas a partir de ahora
- El desarrollo de los contactos entre Gobierno, patronal y sindicatos en torno al contrato social para la IA, previstos para el próximo mes.
- Las novedades normativas o interpretativas que puedan derivarse de los cuatro ejes del Plan IA360, en particular del eje de gobernanza.
- La correcta aplicación de la clasificación de riesgo del Reglamento (UE) 2024/1689 a los sistemas de IA ya implantados en la empresa.
- El cumplimiento del deber de información a la representación legal de la plantilla conforme al artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores.
- El encaje de los sistemas de IA con el RGPD y la LOPDGDD, especialmente cuando intervengan en decisiones automatizadas con efectos jurídicos.
Idea jurídica central
El Plan IA360 no es, por ahora, una norma jurídica, sino una hoja de ruta política que anuncia un proceso de negociación y desarrollo regulatorio durante los próximos doce meses. Su relevancia para el Derecho Laboral radica en que sitúa el debate sobre la Inteligencia Artificial en el trabajo en el centro de la agenda de gobierno, y anticipa un futuro marco más concreto sobre los límites de su uso.
Es previsible que, en el próximo año, España cuente con una regulación más clara sobre esta materia. El reto será que esa nueva normativa permita la convivencia de la Inteligencia Artificial con los derechos de todas las personas implicadas en la relación laboral, tanto de la empresa como de la persona trabajadora.
En Suárez de Vivero seguimos de cerca la evolución del Plan IA360 y asesoramos a empresas y departamentos de Recursos Humanos sobre las obligaciones ya vigentes en materia de Inteligencia Artificial y su previsible desarrollo normativo.
Preguntas frecuentes sobre el Plan IA360
¿Qué es el Plan IA360?
Es la hoja de ruta presentada por el Gobierno de España el 21 de septiembre de 2026 para el despliegue responsable de la Inteligencia Artificial durante los próximos doce meses, estructurada en cuatro ejes: tecnológico, económico-social, de gobernanza y de contrato social.
¿Qué normativa regula hoy el uso de la IA en el trabajo?
Principalmente el Reglamento europeo (UE) 2024/1689, el artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores y las garantías del RGPD y la LOPDGDD frente a decisiones automatizadas.
¿Qué es el «contrato social» para la IA?
Es el eje del Plan IA360 mediante el cual el Gobierno pretende alcanzar un gran acuerdo de país con patronal, sindicatos, formaciones políticas e instituciones de la sociedad civil sobre el despliegue de la Inteligencia Artificial en el ámbito laboral y social.
¿El Plan IA360 es ya una norma de obligado cumplimiento?
No. Es una hoja de ruta política que anuncia acciones y un proceso de negociación durante los próximos doce meses, no un paquete legislativo cerrado.
¿Deben las empresas esperar a la nueva regulación para actuar?
No. Ya existen obligaciones vigentes en materia de clasificación de riesgo de los sistemas de IA, información a la representación legal de la plantilla y protección de datos que deben cumplirse con independencia del desarrollo futuro del Plan IA360.
