El cargo, el salario y el título del puesto no determinan por sí solos que exista una relación laboral de alta dirección. En muchas empresas, especialmente en filiales españolas de grupos internacionales, los contratos de alta dirección se utilizan con más frecuencia de la que permite la legislación española. El razonamiento suele parecer sencillo: el puesto es importante, el salario es elevado y el título es Director, VP, Country Manager o Executive Director.
El problema aparece normalmente años después, cuando llega la salida del directivo y un tribunal debe determinar qué relación laboral existía realmente.
La alta dirección en España no se define por el nombre del puesto ni por el nivel salarial. Se trata de una relación laboral especial que exige que concurran determinadas características en las funciones, poderes, autonomía y posición del directivo dentro de la organización.
El Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección establece el régimen específico aplicable a estos profesionales. Su artículo 1.2 define como personal de alta dirección a quienes ejercen poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, relativos a sus objetivos generales, con autonomía y plena responsabilidad, limitadas únicamente por los criterios e instrucciones directas de los órganos superiores de gobierno y administración.
Los tribunales interpretan esta definición de manera restrictiva porque la alta dirección constituye una excepción al régimen laboral común. Por ello, antes de firmar un contrato de alta dirección, resulta fundamental comprobar que la posición cumple realmente los requisitos legales.
Qué es la alta dirección en España
La relación laboral de alta dirección tiene una regulación específica y se caracteriza por un elevado nivel de autonomía, responsabilidad y confianza entre las partes.
El artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985 exige que el directivo ejerza poderes relacionados con los objetivos generales de la empresa y que lo haga con autonomía y plena responsabilidad. Su actuación solo puede estar limitada por las instrucciones directas de la persona o de los órganos superiores que ostenten la titularidad y gobierno de la empresa.
No basta, por tanto, con ocupar una posición elevada dentro del organigrama.
Un director financiero, comercial, de producto o de recursos humanos puede tener una posición estratégica, dirigir un equipo numeroso y percibir una remuneración elevada y, sin embargo, mantener una relación laboral ordinaria si sus poderes se limitan a un área concreta de la empresa o si está sometido a una estructura jerárquica intermedia.
La calificación jurídica depende de las funciones reales que desarrolla el directivo, no de la etiqueta que la empresa haya utilizado en el contrato.
Los tres requisitos que deben concurrir para que exista alta dirección
La jurisprudencia analiza conjuntamente diferentes elementos, pero pueden resumirse en tres requisitos esenciales que deben concurrir de manera acumulativa.
1. Poderes inherentes a la titularidad de la empresa
El primer elemento es que el directivo ejerza poderes propios de quien actúa en representación de los intereses generales de la empresa.
Puede tratarse de facultades relacionadas con la contratación y el despido, la representación frente a terceros, inversiones, estructura empresarial, política comercial u otras decisiones relevantes.
La existencia de un poder notarial amplio puede constituir un indicio importante, pero no es suficiente por sí sola.
Lo relevante es que las facultades se ejerzan realmente en la práctica.
Un poder formal que nunca se utiliza o que está limitado por autorizaciones constantes de otros responsables del grupo tendrá un valor muy diferente a una verdadera capacidad autónoma de decisión.
2. Poderes proyectados sobre los objetivos generales de la empresa
El segundo requisito es que las decisiones del directivo afecten a la empresa en su conjunto y no únicamente a una parcela concreta de la actividad.
La diferencia puede resultar especialmente relevante en estructuras empresariales complejas.
Un director financiero puede ser responsable de toda la función financiera de una compañía, pero seguir gestionando únicamente un área funcional si las decisiones estratégicas de la empresa corresponden a otros órganos.
La importancia del puesto no equivale necesariamente a alta dirección.
Lo determinante es el alcance real de las facultades y su relación con los objetivos generales de la empresa.
3. Autonomía limitada por los órganos superiores de gobierno y administración
Este suele ser uno de los elementos más determinantes.
La persona considerada alto directivo debe actuar con autonomía y responder directamente ante quien ostenta la titularidad o ante los órganos superiores de gobierno y administración.
Cuando el directivo responde ante otro ejecutivo —por ejemplo, un Director General, un Regional Director, un VP EMEA o un responsable funcional de la matriz— la calificación como alta dirección puede resultar discutible.
Tener un superior jerárquico no excluye automáticamente la alta dirección, pero constituye un indicio que debe analizarse conjuntamente con el resto de circunstancias.
La pregunta esencial es quién puede limitar realmente la capacidad de decisión del directivo y hasta qué punto puede actuar por sí mismo en relación con los objetivos generales de la empresa.
Qué no determina que una persona sea alto directivo
Existen varios elementos que suelen generar confusión y que, por sí solos, no determinan la existencia de una relación laboral especial de alta dirección.
El título del puesto no es suficiente. General Manager, Country Manager, Vice President, Executive Director o Managing Director son denominaciones corporativas que no tienen necesariamente el mismo significado jurídico en España.
Tampoco determina la calificación el salario o el bonus. Una remuneración elevada puede ser perfectamente compatible con una relación laboral ordinaria.
El número de personas a cargo tampoco resulta decisivo. Dirigir un equipo de cien personas dentro de una estructura jerárquica no convierte automáticamente al responsable en alto directivo.
Finalmente, tampoco basta con que el contrato se denomine “contrato de alta dirección”. Los tribunales atienden a las funciones realmente desarrolladas y a la forma en que se organiza la relación.
Alta dirección en filiales de grupos internacionales
Este es uno de los escenarios en los que más dudas aparecen.
En una filial española de un grupo multinacional, es habitual que el Country Manager, Managing Director o VP local tenga una posición elevada dentro de la organización, pero reporte funcionalmente a un responsable regional o global de la matriz.
Además, determinadas decisiones como presupuestos, contratación de determinados perfiles, inversiones, precios o estrategia comercial, pueden requerir la aprobación del grupo.
En estos casos, la denominación internacional del puesto no determina su clasificación jurídica en España.
La empresa debería analizar, como mínimo, tres cuestiones:
- qué poderes tiene realmente otorgados el directivo en la sociedad española;
- ante quién responde formalmente y ante quién responde en la práctica;
- qué decisiones puede adoptar sin autorización de la matriz o de otros responsables del grupo.
Los títulos utilizados por un grupo multinacional no tienen por qué coincidir con las categorías jurídicas españolas. Por ello, el contrato español debe reflejar la realidad de la posición dentro de la sociedad española y no limitarse a reproducir el organigrama corporativo internacional.
Qué ocurre si un Country Manager no es realmente alto directivo
El caso de los Country Managers merece una atención específica porque es una de las situaciones más habituales en grupos internacionales.
Un Country Manager puede tener responsabilidad sobre toda la actividad de la filial y, sin embargo, no cumplir los requisitos de alta dirección si sus decisiones fundamentales están sujetas a la aprobación de la matriz o si existe un responsable regional que ejerce un control efectivo sobre su actividad.
La cuestión debe analizarse caso por caso.
No es suficiente con comprobar el organigrama corporativo. Es necesario revisar los poderes otorgados, las autorizaciones necesarias, la estructura de reporting y la autonomía real del puesto.
En caso de duda, es preferible analizar la posición antes de firmar el contrato que esperar a que la clasificación sea cuestionada cuando llegue la extinción de la relación.
Las consecuencias de clasificar incorrectamente a un directivo
La clasificación incorrecta puede generar consecuencias importantes para la empresa.
Si un tribunal determina que la relación era en realidad una relación laboral ordinaria, dejará de aplicarse el régimen especial de alta dirección y entrará en juego el régimen laboral común en aquello que corresponda.
La extinción puede resultar más costosa
Una de las consecuencias más relevantes aparece en el momento de la salida.
El régimen de alta dirección permite el desistimiento empresarial con el preaviso y la indemnización establecidos en el Real Decreto 1382/1985 o en el contrato. A falta de pacto, el artículo 11 establece una indemnización de siete días de salario en metálico por año de servicio, con un máximo de seis mensualidades.
Si la relación es recalificada como laboral ordinaria, la empresa no puede utilizar el desistimiento propio de la alta dirección. Una extinción sin causa válida puede dar lugar a un despido improcedente, con las consecuencias previstas por el Estatuto de los Trabajadores.
La diferencia económica puede ser considerable, especialmente cuando existe una antigüedad elevada y una remuneración ejecutiva significativa.
El pacto de no competencia puede quedar sometido a otras reglas
El régimen de alta dirección permite pactar una obligación de no competencia posterior a la extinción de hasta dos años, siempre que exista un interés industrial o comercial efectivo de la empresa y una compensación económica adecuada. Así lo establece el artículo 8.3 del Real Decreto 1382/1985.
Si la relación se considera ordinaria, el pacto deberá analizarse conforme al régimen general del artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, con sus propios límites y requisitos.
También cambia el régimen laboral aplicable
En una relación laboral ordinaria entran en juego las reglas generales sobre jornada, registro horario, horas extraordinarias, vacaciones y convenio colectivo, salvo las excepciones legalmente aplicables.
En alta dirección existe un margen de pacto mucho mayor. El propio Real Decreto 1382/1985 establece que la legislación laboral común solo se aplica cuando existe una remisión expresa del Real Decreto o cuando las partes la incorporan específicamente al contrato.
El periodo de prueba también es diferente
El Real Decreto 1382/1985 permite pactar un periodo de prueba de hasta nueve meses en los contratos de duración indefinida de alta dirección.
Si la relación se considera laboral ordinaria, deberán aplicarse los límites establecidos por el convenio colectivo o, en su defecto, por el Estatuto de los Trabajadores.
Alta dirección y consejeros ejecutivos: no son necesariamente lo mismo
Existe además un supuesto diferente que debe analizarse con especial cuidado: el de los administradores y consejeros con funciones ejecutivas.
La condición de consejero o administrador puede situar la relación fuera del régimen laboral especial de alta dirección, especialmente cuando las funciones desempeñadas coinciden con las propias del órgano de administración.
En estos casos debe analizarse la relación desde una perspectiva societaria y laboral antes de determinar qué régimen resulta aplicable.
El Estatuto de los Trabajadores excluye de la relación laboral especial determinados supuestos vinculados a la actividad de quienes ejercen funciones de administración en los términos legalmente previstos.
Por ello, cuando una persona va a ser simultáneamente directiva y miembro del órgano de administración, la estructura debe analizarse antes de formalizar el nombramiento.
Cómo debe estructurarse un contrato de alta dirección
La calificación jurídica debería resolverse antes de redactar el contrato.
El artículo 4 del Real Decreto 1382/1985 exige que el contrato especial se formalice por escrito y que incluya, como mínimo, la identificación de las partes, el objeto, la retribución, la duración y las demás cláusulas exigidas por la normativa.
En la práctica, un contrato de alta dirección debería ir mucho más allá de ese contenido mínimo.
Debería reflejar con claridad las funciones del directivo, sus poderes, la estructura de reporting, la autonomía de decisión, la retribución fija y variable, los incentivos, la confidencialidad, los pactos restrictivos y las reglas aplicables a la extinción.
La redacción debe ser coherente con la realidad. Un contrato que describe poderes que el directivo nunca puede ejercer puede convertirse precisamente en una prueba contra la empresa.
Cómo analizamos la alta dirección antes de firmar
Antes de redactar un contrato de alta dirección en España, resulta recomendable revisar conjuntamente con la empresa:
Ante quién responde el directivo
Debe comprobarse tanto el reporting formal como el funcionamiento real de la organización.
Qué poderes tiene realmente
Los poderes otorgados deben coincidir con las facultades que el directivo puede ejercer en la práctica.
Qué alcance tienen sus decisiones
Debe determinarse si las decisiones afectan a la empresa en su conjunto o se limitan a una función o departamento concreto.
Si contrato, organigrama y poderes cuentan la misma historia
Esta coherencia resulta especialmente importante en grupos internacionales, donde el organigrama corporativo puede no coincidir con la estructura jurídica de la filial española.
Cuando no se cumplen los requisitos de alta dirección, la alternativa no es forzar la clasificación. Es utilizar un contrato laboral ordinario correctamente diseñado, adaptando la retribución variable, la confidencialidad, la no competencia y las condiciones de salida al régimen que realmente corresponde.
Alta dirección y retribución ejecutiva
La calificación jurídica del puesto también afecta directamente al diseño de la remuneración.
En Suárez de Vivero asesoramos a empresas en Alta Dirección y Retribución en España, incluyendo contratos de alta dirección, clasificación jurídica de puestos ejecutivos, bonus, incentivos a largo plazo, equity, pactos de no competencia y condiciones de extinción.
La retribución variable merece especial atención porque las reglas sobre devengo, pago, permanencia y salida deben estar correctamente coordinadas con la naturaleza de la relación.
En este sentido, las empresas pueden revisar también nuestro análisis sobre bonus de directivos en España, especialmente cuando el paquete retributivo incluye bonus anuales, incentivos de largo plazo o mecanismos de retención.
Qué ocurre cuando llega la salida del directivo
La clasificación correcta adquiere especial importancia cuando termina la relación.
Una empresa que ha estructurado correctamente la posición puede determinar con mayor seguridad si procede un desistimiento, un despido disciplinario, un acuerdo de salida u otra forma de extinción.
Por el contrario, si el contrato de alta dirección no refleja la realidad y el puesto es recalificado como relación laboral ordinaria, la empresa puede descubrir el problema precisamente en el momento en que intenta extinguir el vínculo.
Por ello, la calificación del puesto debería revisarse también antes de cualquier salida.
En Suárez de Vivero asesoramos a empresas en despido y salida de altos directivos en España, incluyendo análisis de la calificación, indemnizaciones, preavisos, bonus, pactos restrictivos y estrategia de salida.
La alta dirección debe responder a la realidad, no al título del puesto
La principal conclusión es sencilla: no existe alta dirección simplemente porque el contrato lo diga.
El título, el salario, el tamaño del equipo o la posición dentro del organigrama corporativo pueden ser indicios, pero no sustituyen los requisitos establecidos por el Real Decreto 1382/1985.
La pregunta que debe hacerse la empresa es otra: ¿qué poderes ejerce realmente esta persona?, ¿sobre qué parte de la organización?, ¿con qué autonomía? y ¿ante quién responde?
En especial en grupos internacionales, estas preguntas deben resolverse desde la realidad de la sociedad española y no desde la terminología corporativa de la matriz.
Una clasificación correcta desde el principio permite diseñar un contrato coherente con las funciones reales, estructurar adecuadamente la retribución y reducir significativamente el riesgo de que la relación sea recalificada años después.
En Suárez de Vivero asesoramos a empresas nacionales e internacionales en contratos de alta dirección, clasificación jurídica de puestos ejecutivos, retribución, incentivos y salidas de directivos.
Preguntas frecuentes sobre alta dirección en España
¿Cuándo es un directivo alta dirección en España?
Cuando ejerce poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa relacionados con sus objetivos generales, con autonomía y plena responsabilidad, y su actuación está limitada únicamente por las instrucciones directas de los órganos superiores de gobierno y administración.
¿Es suficiente el cargo de Director General o Country Manager?
No. El título del puesto no determina la existencia de alta dirección. Deben analizarse las funciones reales, los poderes efectivos, la autonomía y la estructura de reporting.
¿Un Country Manager de una filial española es siempre alto directivo?
No. Si reporta a un responsable regional o funcional del grupo y necesita autorización de la matriz para decisiones relevantes, la calificación como alta dirección puede ser discutible. Debe analizarse la estructura real de la posición.
¿Basta con firmar un contrato de alta dirección?
No. Los tribunales atienden a la realidad de la relación y no únicamente a la denominación utilizada en el contrato.
¿Qué ocurre si un directivo no es realmente alto directivo?
Se aplicará el régimen laboral que corresponda. Si se trata de una relación laboral ordinaria, no podrá utilizarse el desistimiento propio de la alta dirección y una extinción sin causa válida puede generar las consecuencias del despido improcedente o nulo.
¿Cuánto puede durar el periodo de prueba de un alto directivo?
En un contrato indefinido de alta dirección puede pactarse un periodo de prueba de hasta nueve meses, conforme al artículo 5 del Real Decreto 1382/1985.
¿Cuánto puede durar el pacto de no competencia de un alto directivo?
El pacto de no competencia posterior a la extinción puede tener una duración máxima de dos años, siempre que exista un interés industrial o comercial efectivo de la empresa y una compensación económica adecuada.
¿Qué ocurre si un empleado es promocionado a un puesto de alta dirección?
Debe formalizarse el correspondiente contrato y especificarse si la relación laboral ordinaria queda suspendida o es sustituida. Si no se establece expresamente, la relación común queda suspendida.