Cuando un accidente laboral pone a prueba la eficacia del sistema preventivo y la responsabilidad empresarial. Los accidentes de trabajo representan uno de los escenarios de mayor impacto dentro de la gestión laboral y de la prevención de riesgos. Más allá de sus consecuencias para la persona trabajadora afectada, un accidente laboral puede activar una revisión administrativa, preventiva y judicial de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa.

En España, la existencia de un accidente de trabajo no determina automáticamente la responsabilidad de la empresa. Sin embargo, cuando se discute judicialmente la responsabilidad derivada del accidente, la normativa establece reglas específicas sobre la prueba de las medidas preventivas adoptadas.

El artículo 96.2 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social establece que, en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, corresponde a los deudores de seguridad y a quienes concurran en la producción del resultado lesivo acreditar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como los factores que puedan excluir o reducir su responsabilidad.

Por ello, una estructura preventiva correctamente diseñada, implantada y documentada no es únicamente una herramienta de cumplimiento. También constituye un elemento esencial para que la empresa pueda acreditar cómo ha gestionado los riesgos asociados a su actividad.

La obligación empresarial de proteger la seguridad y salud de los trabajadores

El marco general se encuentra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La normativa configura la prevención como una obligación integrada en la propia organización empresarial. El artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios generales de la acción preventiva, entre ellos evitar los riesgos, evaluar aquellos que no puedan evitarse, combatirlos en su origen, adaptar el trabajo a la persona y planificar la prevención integrando la técnica, la organización del trabajo y las condiciones en las que se desarrolla la actividad.

El artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores reconoce además el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud y establece determinadas obligaciones empresariales en materia de formación preventiva.

Cuando se produce un accidente, por tanto, no se analiza únicamente si la empresa disponía formalmente de un plan de prevención. La cuestión puede extenderse a comprobar si los riesgos habían sido correctamente identificados, si las medidas previstas eran adecuadas, si se habían implantado efectivamente y si existía una relación entre el eventual incumplimiento preventivo y el daño producido.

La responsabilidad empresarial no nace automáticamente con el accidente

Una cuestión que conviene aclarar desde el principio es que accidente de trabajo y responsabilidad empresarial no son conceptos equivalentes.

La producción de un accidente puede tener múltiples causas y no todos los accidentes derivan de un incumplimiento empresarial.

Para que exista responsabilidad preventiva será necesario analizar las circunstancias concretas del accidente, las obligaciones que correspondían a la empresa y la relación entre el eventual incumplimiento y el daño producido.

Ahora bien, cuando el asunto llega a la jurisdicción social, la empresa debe estar en condiciones de acreditar las medidas preventivas adoptadas. El artículo 96.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social establece expresamente esta regla específica para los procesos derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Esto hace que la documentación preventiva adquiera una importancia especial.

No basta con haber adoptado determinadas medidas. La empresa debe poder demostrar que esas medidas existían, que eran conocidas por las personas trabajadoras y que se aplicaban efectivamente.

¿Qué responsabilidades puede generar un accidente de trabajo?

El incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención puede generar diferentes tipos de responsabilidad, que pueden coexistir dependiendo de las circunstancias.

El artículo 42 de la Ley 31/1995 establece que el incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de prevención puede dar lugar a responsabilidades administrativas y, cuando corresponda, a responsabilidades penales y civiles por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

A estas responsabilidades puede añadirse el recargo de prestaciones de la Seguridad Social cuando concurran los requisitos establecidos legalmente.

Por tanto, la valoración de un accidente laboral debe realizarse desde una perspectiva integral y no limitarse a determinar si existe una eventual sanción administrativa.

Responsabilidad administrativa

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede iniciar actuaciones cuando existen indicios de incumplimiento de la normativa de prevención.

El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) contempla diferentes infracciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Entre ellas se encuentran determinadas deficiencias en la integración de la prevención, la falta o insuficiencia de las evaluaciones de riesgos, el incumplimiento de las obligaciones de formación e información y la falta de investigación de determinados accidentes o daños para la salud.

El artículo 12 de la LISOS contempla expresamente como infracción grave no realizar determinadas evaluaciones o actualizaciones, no ejecutar las actividades preventivas necesarias derivadas de sus resultados o no investigar determinados daños para la salud.

La gravedad de la infracción y las circunstancias concretas determinarán las consecuencias económicas y administrativas correspondientes.

Recargo de prestaciones de la Seguridad Social

Una de las consecuencias económicas de mayor relevancia es el recargo de prestaciones.

El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social establece un recargo de entre el 30 % y el 50 % de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando la lesión se produce en las circunstancias previstas por la norma, entre ellas la ausencia o deficiencia de medios de protección o el incumplimiento de las medidas generales o particulares de seguridad y salud.

El recargo recae directamente sobre el empresario infractor y no puede ser objeto de seguro, siendo nulo cualquier pacto o contrato destinado a cubrirlo, compensarlo o trasladarlo. Además, el propio artículo 164 establece que esta responsabilidad es independiente y compatible con otras responsabilidades que puedan derivarse de la infracción, incluso de naturaleza penal.

No obstante, el recargo no se produce automáticamente por el simple hecho de que exista un accidente. Deben concurrir los presupuestos establecidos legalmente y debe existir una relación entre el incumplimiento preventivo y la lesión.

Responsabilidad civil

El accidente puede generar también una reclamación de daños y perjuicios cuando exista responsabilidad empresarial.

La indemnización puede comprender los daños personales, patrimoniales y morales que correspondan conforme a las circunstancias del caso.

La existencia de una póliza de responsabilidad civil empresarial puede ser relevante para la cobertura de determinadas responsabilidades civiles, pero debe analizarse siempre el alcance concreto de la póliza, sus límites, franquicias y exclusiones.

La responsabilidad civil debe diferenciarse, en cualquier caso, del recargo de prestaciones, cuya cobertura mediante seguro está expresamente prohibida por el artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social.

Responsabilidad penal

Los accidentes laborales pueden adquirir también una dimensión penal cuando concurren los presupuestos establecidos por el Código Penal.

Los artículos 316 y siguientes del Código Penal contemplan determinadas conductas relacionadas con el incumplimiento de las normas de prevención cuando, estando legalmente obligadas, las personas responsables no facilitan los medios necesarios para que los trabajadores desarrollen su actividad con las medidas de seguridad adecuadas y se genera un peligro grave para su vida, salud o integridad física.

El artículo 318 del Código Penal establece además reglas específicas cuando estos hechos se atribuyen a personas jurídicas, alcanzando a administradores o encargados del servicio responsables de los hechos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlos, no hubieran adoptado las medidas necesarias.

La responsabilidad penal, por tanto, no se limita necesariamente a la persona jurídica o a la empresa en abstracto. Puede alcanzar a las personas físicas que tengan funciones efectivas de dirección, organización o control sobre las condiciones de trabajo.

La investigación del accidente: una actuación empresarial esencial

Una vez producido un accidente, las primeras actuaciones de la empresa pueden resultar determinantes tanto para adoptar medidas correctoras como para reconstruir posteriormente lo sucedido.

La prioridad debe ser siempre la atención de la persona afectada y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad del resto de la plantilla.

Una vez atendida la emergencia, la empresa debe preservar, en la medida de lo posible, las evidencias relevantes y realizar una investigación adecuada del accidente.

Esta investigación debería permitir determinar qué ocurrió, cuáles fueron las causas inmediatas y subyacentes, qué medidas preventivas existían y si es necesario modificar o reforzar el sistema preventivo.

En función de las circunstancias, puede resultar necesario analizar la maquinaria o instalaciones implicadas, las instrucciones existentes, la formación recibida, la entrega y utilización de equipos de protección, la evaluación de riesgos y cualquier otra circunstancia relevante.

La investigación no debería plantearse únicamente como una herramienta para identificar responsabilidades. Su función preventiva es también evitar que un accidente vuelva a producirse.

Suárez de Vivero asesora a empresas en investigaciones internas laborales, incluyendo la reconstrucción de hechos, preservación de pruebas y valoración jurídica de posibles incumplimientos.

La obligación de revisar las medidas preventivas después de un accidente

Un accidente puede revelar que una determinada medida preventiva no era suficiente o que, aunque formalmente existía, no estaba funcionando correctamente.

Por este motivo, la investigación debería conectarse con una revisión del sistema preventivo.

El artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece la obligación de revisar la evaluación cuando se produzcan daños para la salud que hagan necesaria su revisión.

La empresa debe analizar, por tanto, si las circunstancias que dieron lugar al accidente requieren modificar la evaluación de riesgos, la planificación preventiva, la formación, las instrucciones de trabajo o las medidas de protección existentes.

Una investigación que termina simplemente con un informe archivado, sin que sus conclusiones se incorporen al sistema preventivo, pierde buena parte de su utilidad.

Coordinación de actividades empresariales y subcontratación

La gestión de los accidentes puede resultar especialmente compleja cuando en un mismo centro de trabajo coinciden trabajadores de diferentes empresas.

Es habitual que esta situación se produzca en obras de construcción, instalaciones industriales, centros comerciales, plantas productivas o servicios externalizados.

El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece obligaciones de coordinación entre empresas que desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo y determinadas obligaciones específicas en materia de contratación y subcontratación.

A ello se suma el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 42.3 de la LISOS, en los términos establecidos por la normativa, para determinados incumplimientos preventivos de empresas contratistas y subcontratistas cuando concurren los requisitos legales.

La empresa principal debe prestar, por tanto, especial atención a la información sobre riesgos, las medidas de coordinación, la documentación preventiva y la supervisión que corresponda según su posición dentro de la cadena de contratación.

Accidentes laborales en empresas internacionales

Las compañías multinacionales suelen contar con estándares corporativos globales de seguridad y salud, conocidos habitualmente como EHS standards.

Estos estándares pueden constituir una herramienta útil de gestión, pero no sustituyen el cumplimiento de la normativa española.

La empresa debe asegurarse de que sus políticas globales son compatibles con las obligaciones establecidas por la legislación española y de que los responsables locales conocen las obligaciones que les corresponden.

Esta cuestión adquiere especial importancia cuando la organización central se encuentra en otro país y las decisiones preventivas se toman desde una estructura internacional.

La existencia de un estándar corporativo global no elimina las responsabilidades que puedan derivarse del incumplimiento de las obligaciones preventivas aplicables en España.

La prevención de accidentes como parte del compliance laboral

La gestión de accidentes de trabajo no debería comenzar cuando se produce el accidente.

La mejor protección jurídica para una empresa es contar previamente con un sistema preventivo coherente, actualizado y correctamente implantado.

Esto incluye evaluaciones de riesgos, planificación preventiva, formación, información, coordinación de actividades empresariales, procedimientos de emergencia y mecanismos adecuados para investigar incidentes y accidentes.

La prevención debe formar parte además de una estrategia más amplia de compliance y conducta ética laboral, especialmente cuando existen estructuras empresariales complejas, múltiples centros de trabajo o actividades desarrolladas mediante contratistas y subcontratistas.

El papel de Recursos Humanos y de la dirección

La prevención de riesgos laborales no es únicamente una responsabilidad del servicio de prevención.

La dirección y los responsables de Recursos Humanos tienen un papel importante en la implantación efectiva de las medidas preventivas, especialmente cuando las decisiones sobre organización del trabajo, contratación, formación, cambios de funciones o estructura de equipos pueden afectar a la seguridad y salud.

La coordinación entre dirección, Recursos Humanos, responsables operativos y servicios de prevención permite identificar antes los riesgos y reaccionar con mayor rapidez cuando se produce un incidente.

Además, cuando existe un accidente con consecuencias relevantes, el asesoramiento jurídico temprano puede ayudar a preservar documentación, coordinar la respuesta ante la Inspección de Trabajo y determinar las posibles vías de responsabilidad.

Qué debe hacer una empresa después de un accidente de trabajo

La actuación posterior a un accidente debe combinar la atención inmediata de la persona afectada con la gestión preventiva y jurídica del incidente.

En primer lugar, debe garantizarse la asistencia sanitaria y la seguridad del lugar.

A continuación, deben preservarse las evidencias relevantes y realizarse una investigación interna suficientemente rigurosa.

La empresa debe comprobar también qué obligaciones de comunicación y notificación resultan aplicables al accidente concreto. En particular, la normativa contempla obligaciones específicas respecto de determinados accidentes graves, muy graves o mortales y de otros supuestos legalmente establecidos.

Una vez realizada la investigación, debe revisarse si las conclusiones obligan a modificar la evaluación de riesgos o la planificación preventiva.

Finalmente, la empresa debe conservar adecuadamente la documentación relacionada con el accidente, las medidas adoptadas y las comunicaciones realizadas.

Esta trazabilidad puede resultar determinante si posteriormente se inicia una actuación inspectora o un procedimiento judicial.

Una buena prevención también es una estrategia de defensa empresarial

Un accidente de trabajo no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva económica o jurídica.

La prioridad debe ser siempre proteger la seguridad y salud de las personas trabajadoras y evitar que el accidente vuelva a producirse.

Pero una gestión preventiva adecuada también tiene una dimensión empresarial: permite reducir contingencias, mejorar la organización del trabajo y demostrar, cuando sea necesario, que la empresa ha cumplido con sus obligaciones.

La documentación preventiva adquiere aquí una importancia especial.

Evaluaciones de riesgos, formación, entrega de equipos de protección, instrucciones de trabajo, coordinación con contratistas, investigaciones de accidentes y medidas correctoras forman parte de la evidencia que puede resultar relevante para determinar las responsabilidades derivadas de un accidente.

En Suárez de Vivero asesoramos a empresas nacionales e internacionales en prevención de riesgos laborales, incluyendo evaluaciones de riesgos, planificación preventiva, coordinación de actividades empresariales, accidentes de trabajo, investigaciones internas, inspecciones y procedimientos administrativos o judiciales.

Cuando el accidente genera un conflicto o procedimiento judicial, nuestro equipo también interviene en litigación laboral en España, incluyendo reclamaciones relacionadas con seguridad y salud laboral.

Preguntas frecuentes sobre accidentes de trabajo y responsabilidad empresarial